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Breves aportes sobre la reforma judicial



La idea de reforma de la Justicia está en discusión, no solo en el Congreso, sino en foros académicos, políticos y sociales. Pero, ¿qué se busca reformar? ¿Esta reforma está en marcha? ¿Por qué motivos es tan fuerte la reacción ante las ideas de reforma?

En su discurso de Apertura de Sesiones del año 2020, confirmando lo dicho en campaña, el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de reformar el poder judicial. La falta de credibilidad del sistema de Justicia, la falta de transparencia de las decisiones, la presión de grupos de interés y el obvio mecanismo de lawfare observado durante los últimos años son una prueba evidente de que algo no funciona. Y si interpretando a autores como a Ross o a Holmes podemos llegar a la conclusión de que el Derecho es lo que los jueces dicen que es, la discusión sobre el rol de este poder en el sistema democrático y republicano es clave.


Si queremos entender la “reforma”, en primer lugar, hay que definir que se busca reformar. Según el texto constitucional, la República Argentina adopta un sistema federal. En términos de administración de justicia, esto significa que en el país conviven 23 sistemas jurídicos provinciales, el sistema de la Ciudad de Buenos Aires y el sistema judicial de la Nación. En tanto las provincias se reservaron la capacidad de organizar su administración de justicia, el Congreso Nacional solo puede actuar sobre lo que se conoce como “justicia federal”. Esto, de por sí, es un gran limitante en cuanto al alcance de la reforma, lo que ha sido usado por sus detractores para hablar de la “falta de oportunidad” o de la lejanía entre la reforma y “las necesidades de la gente”.


Elevación del número de juzgados federales con asiento en C.A.B.A.

Sin embargo, cualquier paso en dirección a lograr mayor calidad institucional, es evidentemente beneficioso, y en esa dirección apunta el primer punto de las modificaciones que busca realizar el oficialismo a través de un proyecto que cuenta con media sanción del Senado. Actualmente, los juzgados Federales Penales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires son doce. Es decir, la enorme mayoría de las causas penales de relevancia política –con asidero jurídico o no- son decididas por un número muy pequeño de jueces que, dejando de lado suspicacias, se “repiten” a la cabeza de las investigaciones de mayor trascendencia mediática. En este sentido se puede señalar, además que, hasta la llegada al gobierno de Alberto Fernández, los jueces federales disponían de los servicios de inteligencia para llevar adelante sus investigaciones, lo que si se considera junto a la estabilidad de sus cargos, permite dar cuenta de la enorme cantidad de poder administrado por esta docena de funcionarios. Con la intención de desarticular esta maquinaria heredada de los años 90, el proyecto busca elevar el número de juzgados federales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires de 12 a 46, creándose 23 nuevos juzgados y “fusionando” al fuero Federal con el fuero Penal Económico. Los 23 nuevos juzgados serán ocupados, hasta la designación por el procedimiento constitucional correspondiente, por jueces subrogantes, es decir, que estos tendrán un carácter provisorio.


Diluir el poder de “Comodoro Py” para darle mayor independencia al fuero Federal es una medida que se suma a una reforma estructural iniciada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En el año 2015 fue aprobado el nuevo Código Procesal Penal Federal, ordenado con posterioridad por un Decreto Nacional durante la gestión de Mauricio Macri. Más allá de las críticas y salvedades que se le pueden realizar (sirva como muestra el articulado respecto a los “arrepentidos”), el nuevo código es un cambio revolucionario para la justicia federal. En esencia, implica la transformación del proceso penal desde lo que se conoce como sistema “mixto” hacia un sistema “acusatorio”, es decir, que el Juez abandona su lugar como investigador a la vez que decisor en las causas a su cargo y se pasa a un sistema adversarial, en el que la investigación corre por cuenta de la fiscalía, en una suerte de igualdad de condiciones (siempre teórica) con la defensa. Este tipo de sistema, adoptado por la enorme mayoría de las provincias argentinas hace al menos una década, implica una mejora en el respeto a las garantías procesales y apunta a generar mayor autonomía en la decisión del juez. En una visión estructural de las reformas, implica además que esos doce mismos jueces que concentraban las causas ya no estarán a cargo de las investigaciones, sino que decidirán en base a la prueba generada por las partes. Mención aparte debe hacerse para el proceso de implementación del Código, el cual corre por cuenta de una Comisión Bicameral y que implica una serie de dificultades en tanto se encuentra vigente en forma parcial (los artículos entran en vigencia en tandas) y para algunos territorios.

Transferencia total de la competencia penal no federal al ámbito de C.A.B.A.

Del proyecto que tiene media sanción, el otro gran punto importante es el avance sobre la transferencia total de la competencia penal no federal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por las particularidades de la CABA en la actualidad, en materia penal, conviven tres “justicias” diferentes en el territorio de la ciudad. Por un lado, se encuentra la Justicia Federal, que tiene por finalidad investigar y juzgar los delitos federales. Por otro lado, existen una serie de tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que tienen bajo su órbita aquellos delitos “no federales” que no hubieran sido transferidos a la justicia de la Ciudad. Esto quiere decir, que existe un tercer poder judicial, que en este caso es el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el equivalente a los poderes judiciales locales en los ámbitos provinciales. Este último, fue creado por mandato expreso del artículo 129 de la Constitución Nacional, y fue ganando competencias a medida que el Estado Nacional avanzó con el proceso de “transferencia de delitos”. Los tribunales nacionales no federales entonces, a partir del proyecto de ley, finalmente desaparecerán, ganando la Ciudad y su población, el derecho constitucional establecido a darse su propio sistema de justicia. Qué sucederá con los jueces y con los empleados de ese sistema (que incluye además de los juzgados y tribunales a fiscalías y defensorías) es algo que el texto no aclara y que va a significar un serio problema.


Esta falta de cumplimiento del mandato constitucional ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a expresarse sobre la cuestión mediante una serie de fallos (Corrales, Nisman, Bazán, etc). Extralimitándose de sus funciones constitucionalmente establecidas la Corte ha llamado la atención de “la política” y ha generado situaciones de gravedad institucional. Por ejemplo, a partir del fallo Bazán la CSJN ha determinado, sin ningún tipo de acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad, que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA es el tribunal superior jerárquico de los tribunales nacionales con asiento en la ciudad. Este hecho, que pasó desapercibido fuera del ámbito jurídico, ha generado una importante situación de incertidumbre para la práctica judicial. La posibilidad de poder recurrir a un tribunal que no forma parte del sistema donde se lleva adelante el proceso ha generado situaciones donde el TSJ se arroga competencias no transferidas al hacer interpretaciones extensivas de lo dicho por la CSJN. Esta situación de inseguridad jurídica ha generado, por ejemplo, el intento por parte de Socma de llevar la recusación de la fiscal de la causa “Correo” al TSJ luego de más de 15 años en el ámbito nacional.


Creación de un Tribunal Federal de Garantías

El otro gran tema en la agenda del Gobierno Nacional es la situación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para esto, en agosto de 2020 y convocado por el Poder Ejecutivo Nacional, comenzó a sesionar un “consejo de expertos” conformado por juristas de reconocida trayectoria y del más amplio espectro ideológico. Tras más de dos decenas de reuniones, el consejo elaboró un documento de propuestas que parece haber orientado la posición sentada por el Presidente de la Nación el pasado 1° de marzo. La Corte parece ser el siguiente paso de la reforma a través, y ya no desde la modificación del número de sus miembros, sino a partir de precisar algunas cuestiones respecto al máximo tribunal.


De lo dicho por el presidente, se entiende que será presentado un proyecto de ley para reglar de forma precisa el recurso extraordinario federal, incluyendo una modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil de la Nación. Este artículo es el que hoy le permite al máximo tribunal “según su sana discreción”, y solo con la mera invocación del artículo, rechazar un recurso extraordinario federal por insustancial o intrascendente. Más allá de la competencia originaria establecida por la Constitución, la competencia de la Corte se ha construido en forma jurisprudencial, y para delimitar el alcance de sus facultades y disminuir el gran volumen de causas que debe resolver, se buscará la creación de un Tribunal Federal de Garantías, que funcionará como un tribunal de última instancia dedicado exclusivamente a tratar cuestiones de arbitrariedad.

Modificación del Consejo de la Magistratura


Entender que es necesaria la reforma de la justicia, es entender además que se necesita modificar al órgano a cargo de la selección de magistrados y de administración del Poder Judicial. Tras un intento fallido en 2014, se buscará, aunque en un sentido diferente, modificar la conformación del Consejo de la Magistratura, el cual está integrado con representación del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los magistrados, de los abogados de la matrícula federal y de la “Academia”. Es el Consejo el que administra los concursos, que suelen alargarse por años, generando el problema de traslados y subrogancias que en los últimos años han llegado a la discusión pública. Más allá de la pretensión de imparcialidad de los miembros que no provienen de los poderes políticos, su pertenencia ideológica suele quedar en evidencia rápidamente, y será complejo “despolitizarlo” tal y como planteó el presidente Fernández.


Transparentar el poder judicial es necesario. La práctica del “lawfare” observada en América Latina pudo –y puede- observarse en el caso argentino. El acoso judicial al adversario político, que inició con anterioridad al 2015 y que vio su máxima expresión durante el gobierno de Mauricio Macri, lesiona al sistema constitucional argentino. Garantías procesales y penales sucumbieron ante el “derecho penal creativo” de jueces que, exacerbando la doctrina de los precedentes judiciales, buscaban habilitar su accionar por fuera del sistema normativo positivo de la Argentina. La pertenencia a un sector político implica en muchos casos conocer que se contarán con menos recursos a la hora de enfrentar un proceso penal en el fuero federal.


Avanzar con el proceso de reforma sin duda enfrentará la resistencia de un poder no acostumbrado al control que define al sistema republicano y democrático de gobierno. Si bien algunas cuestiones son atendibles, como por ejemplo que sucederá con el destino de los miembros de la Justicia Nacional ordinaria, es de esperar que la respuesta de los juzgados no sea favorable, y que las declaraciones de inconstitucionalidad, amparadas por el Derecho o no, comiencen a dictarse en los primeros instantes luego de las reformas. La propia Corte que será un objeto central del proceso será en cualquier caso quien tenga la última palabra sobre la constitucionalidad de la reforma. Intentar modificar el funcionamiento de un poder aristocrático, contra-mayoritario, vitalicio, acostumbrado a utilizarse como arma política, es una deuda de la democracia que el gobierno intenta resolver y que no será una tarea sencilla. Disponer de funcionarios dispuestos a asumir las consecuencias, tal como se ha mostrado el presidente Alberto Fernández, es el primer paso.


Claudio Heidanowski

Abogado y docente en la Universidad de Buenos Aires.

Consultor - Docente - Colaborador del think tank IxD (Ideas por el Desarrollo).


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